Quién lo iba a decir hace sólo uno o dos años! Una cumbre de los países más ricos y poderosos del mundo (90% del PIB mundial) quiere establecer límites a los salarios/beneficios de los ejecutivos de bancos y finanzas. No será lo más importante de la cumbre de Pittsburgh, pero tiene una formidable carga simbólica y sienta un extraordinario precedente.
Significa en primer lugar que la política, los Estados, dan una señal de autoridad sobre los mercados, inédita e impensable hasta hace poco tiempo. Es una demostración palpable del reequilibrio en la vieja ecuación Estado-Mercado, tan escorada hacia la desregulación y la devaluación de la intervención pública en los últimos 30 años de ofensiva neoliberal.
Dos circunstancias recientes explican este drástico cambio: la primera, la constatación empírica de que toda una filosofía, que bien podríamos definir como de irresponsabilidad en la ética de los negocios, ha sido causa principal de la crisis: beneficios exagerados a ejecutivos e inversores causantes de la insostenibilidad de los negocios; productos financieros opacos a la regulación y preñados de riesgos; primas y bonos por operaciones cortoplacistas casi siempre tóxicas, etcétera. La segunda, que todo ese desastre está teniendo que resolverse con el dinero de los ciudadanos (además de con el paro laboral de millones de trabajadores). La política se ha visto así legitimada para decir ¡basta!
La iniciativa europea (a destacar el protagonismo de la UE y del comisario Almunia en este debate) pretende vincular la retribución variable de los altos ejecutivos no sólo a los beneficios, sino también a las pérdidas, de manera que las primas reflejen los verdaderos riesgos que se toman en la banca. Al tomar como referencia un mayor período de tiempo para la repartición de las primas, se evitaría caer en incentivos perversos cortoplacistas y los bonus reflejarían con más fidelidad los resultados. Además, y con el objetivo de aumentar la transparencia, mejorar la gobernanza corporativa y promover un comportamiento más responsable del sector financiero, la iniciativa también propone eliminar los bonus, prohibir la venta de stock options o participaciones en las empresas (repartidas como parte del pack salarial) hasta transcurrido un mínimo período específico (de al menos cuatro años) y exige la información pública y detallada sobre las políticas de remuneración en las empresas.
Se ha iniciado así un camino lleno de retos y esperanzas. Porque es un reto enorme -y ésta es la segunda consecuencia que se deriva de esta medida- construir las bases de una nueva gobernanza de la economía y del mundo. Por eso, la fuerza simbólica y de precedente de esta propuesta es enorme y la resistencia de quienes a ello se oponen, más fuerte de lo que pudiera parecer. Los británicos dicen que los ejecutivos de la City se irían a otros países libres de estas incómodas limitaciones. El propio Obama duda porque “el Gobierno no dice generalmente lo que uno puede pagar o no a sus empleados”, aunque en este caso tiene más razón Krugman que esta misma semana decía que “reformar los salarios de la banca es la mejor medida concreta que podemos tomar para prevenir otras crisis financieras”. Y añadía: “En este caso, una medida popular no es sólo buena política, sino también buena economía”. No obstante, las objeciones son constantes e intensas.
Podemos comprender esas objeciones, pero nunca aceptarlas. Siempre hay alguna razón oculta en la globalización o en la competencia que impide avanzar en la justicia o en la eficacia. Ocurre como en la fiscalidad. Las rentas altas o las del capital o las grandes fortunas, se escapan del Fisco o buscan paraísos fiscales a los que no llegan los Estados. La conclusión es clara, sólo ganaremos esta batalla crucial en las grandes mesas de la nueva gobernanza mundial y sólo lo haremos con una Europa fuerte y unida capaz de defender -e imponer en su espacio de influencia si fuera pre-ciso-, hoy, la limitación de los bonus y la mejor regulación nacional e internacional de las acciones financieras de riesgo, y, mañana, la eliminación de los paraísos fiscales o la creación de una fiscalidad transnacional a los movimientos de capital, y así sucesivamente.
Pero si las grandes potencias: EE UU, China, (paradoja de los tiempos, que el único país comunista de la cumbre se oponga a los límites de los bonus a los banqueros) y quizás Rusia, impiden el acuerdo en esta materia, a los accionistas les queda el recurso de aprobar o rechazar modelos de retribución inaceptables moralmente y/o insostenibles económicamente. A los ciudadanos, además, nos quedan otras respuestas: exigir a los bancos con los que operamos y que gestionan nuestros ahorros, un comportamiento responsable en las remuneraciones de sus directivos a través de una total transparencia en sus memorias sociolaborales, de manera que se incluya en ellas información exhaustiva sobre las remuneraciones de consejeros y directivos referenciadas con los estándares globales y la relación entre pagos variables bonus y blindajes con la creación de riqueza y estabilidad financiera a largo plazo de la entidad.
Los ciudadanos tenemos en nuestros actos de consumo y de inversión, un inmenso potencial para premiar y castigar los comportamientos responsables o no, de nuestros bancos y de nuestras empresas.
