Josep Ramoneda
Cuentan algunas personas que estaban presentes en el acto de clausura del Congreso del PSC, que llegaron a pensar que Zapatero se levantaría y se iría. Transcurría el Congreso por caminos discretos, silenciosos y pragmáticos, a imagen de su primer secretario.
Nadie, y menos después de la insustancial intervención de Zapatero, se imaginaba que sería el propio presidente de la Generalitat de Cataluña, en funciones de primer secretario de su partido, el que rompería el carácter anodino del encuentro, dirigiéndose al presidente del Gobierno con un calculado e implacable ejercicio retórico de cariño envenenado. Montilla pertenece al grupo de dirigentes políticos con fama de tímidos y poco carismáticos, que el raro instante en que se sueltan adquiere la fuerza de un rayo. Si antes de este acontecimiento se decía que Montilla estaba ya en la lista de condenados por el presidente Zapatero (como su antecesor, Maragall), imagínense después.
No están acostumbrados los presidentes del Gobierno a ser interpelados en terreno aparentemente propio con tanta contundencia, sin derecho a réplica y con todos los espectadores entregados al interpelante. Ya en los años setenta Manuel Ibáñez Escofet, periodista y catalanista, nos decía: “La independencia de Cataluña la harán los catalanes con zeta”. De momento, un socialista catalán con zeta -o con illa que es lo mismo- ha lanzado el órdago más imponente que un presidente socialista español ha oído ya no sólo de un dirigente socialista, sino de un presidente de la Generalitat de Cataluña, desde su restauración. En realidad Montilla sólo defiende sus intereses. Y sus intereses, desde la peana en la que está instalado, son los intereses de los ciudadanos de Cataluña: más dinero para su desarrollo. Se dice que determinados cargos imprimen carácter. El carácter es, simplemente, que los que ocupan estos cargos saben que su suerte está ligada a los ciudadanos sobre los que tienen jurisdicción. Y en este momento en Cataluña está muy extendida la idea de que el país está muy penalizado económicamente por el reparto del Estado de las autonomías.
Para solventar esta cuestión se aprobó un nuevo Estatuto de Cataluña que establecía un marco y unas condiciones para la financiación. Entre ellas, el principio de bilateralidad en la negociación y un calendario. Sorprende que el Gobierno español no se sienta obligado a cumplir esta ley. Y lo primero que haga sea subvertir la idea de bilateralidad y no sentirse aludido por la obligación de calendario. Empiezan a circular algunos argumentos de contraataque: que el Estatuto es malo y no sirve para resolver el problema, lo cual es extremadamente alarmante porque indicaría que las leyes no se hacen para ser cumplidas, sino para usarlas a antojo del que gobierna; que la autonomía catalana es muy cara y la desesperación del Gobierno catalán es que necesita dinero para financiarla. El problema del Estado de las autonomías es que está diseñado para que en Cataluña y el País Vasco gobiernen los nacionalistas moderados, que con una mano reivindican y con la otra garantizan (o deberían garantizar) el control social. Cuando esto no ocurre, el Estado de las autonomías chirría.
Montilla sabe que sin una financiación aceptable le sería extremadamente difícil renovar su cargo y mucho más acercarse a disputar el primer puesto de la carrera a CiU. Y dice algo que parece elemental: entre los intereses del PSOE y los intereses de Cataluña, el PSC optará por los de Cataluña. Esta simple frase, asociada al Grupo Parlamentario Socialista en Madrid, tiene el valor de un arma de destrucción masiva. ¿Hay que entender que los socialistas o los peperos de otras comunidades anteponen los intereses de partido a los intereses de sus ciudadanos?
El problema del uso de las armas de disuasión masiva es que hay que conseguir los objetivos que uno se propone sin llegar a usarlas. Por eso la situación de los socialistas catalanes tiene algo de apirética. Si Zapatero no pacta una financiación satisfactoria para Cataluña y el PSC utiliza sus 25 diputados para votar contra el Gobierno, puede que se carguen al Gobierno socialista, pero lo más probable es que ellos también mueran en el intento. Y si el PSC pacta una financiación aceptable con Zapatero, las demás fuerzas de Cataluña la considerarán insatisfactoria para forzar a los socialistas catalanes a la ruptura. Con lo cual el PSC busca complicidades con el resto de los partidos con dos intenciones: evitar que Zapatero les haga la enésima finta con CiU y asegurar cierta lealtad a la hora de aprobar o suspender la negociación. Vienen tiempos de mucha finura política entre hermanos socialistas si no quieren irse todos por la pendiente de la pérdida del poder.
